Guía · Ley 2573 de 2026

Ley 2573 de 2026: qué pide sobre la verificación de identidad y cómo prepararse para cumplirla

La Ley Estatutaria 2573 de 2026 protege a las personas suplantadas frente al cobro de obligaciones y los reportes negativos, y les pide a los operadores de telecomunicaciones, a las entidades financieras y crediticias y a los demás establecimientos comerciales con esa competencia medidas para establecer la veracidad de la identidad. Esta guía resume qué dice la ley, artículo por artículo, en qué requisitos puede apoyarse en PredictoFace y cuáles le tocan al responsable, y qué revisar si su empresa usa biometría facial.

Información general sobre la norma, no asesoría jurídica. No reemplaza el texto oficial ni la reglamentación que expidan la SIC y la Superintendencia Financiera. Actualizada el 15 de noviembre de 2026.

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Qué es la Ley 2573 de 2026

Es una ley estatutaria expedida el 19 de mayo de 2026 y publicada en el Diario Oficial 53.496 del 20 de mayo de 2026. Su objeto es que los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras y crediticias y los demás establecimientos comerciales con esa competencia adopten medidas, procesos y políticas para proteger a las personas suplantadas de los reportes negativos ante operadores de información y del cobro de obligaciones (art. 1).

Antes de su sanción, la Corte Constitucional revisó el proyecto y lo declaró constitucional con condicionamientos, y retiró la exigencia de la copia de la denuncia para entregar los documentos (art. 5, num. 7) (Sentencia C-413 de 2025). Uno de ellos se refiere a la suplantación de identidad digital: puede darse a través de cualquier tipo de tecnología, existente o futura, para el manejo de mensajes.

La ley distingue la suplantación de identidad digital, que se hace con programas informáticos, páginas electrónicas, correos, ingeniería social o mensajes de texto, de la suplantación física (art. 3, nums. 5 y 6), y describe los casos en que se presenta (art. 4).

A quién aplica

Los deberes del artículo 5 son de tres grupos (art. 5):

  • los operadores de telecomunicaciones;
  • las entidades financieras y/o crediticias;
  • los «demás establecimientos comerciales con esta competencia».

La ley no define qué establecimientos comerciales quedan comprendidos en esa última expresión. Esos deberes se aplican sin perjuicio de los que ya imponen la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012.

Qué pide sobre la verificación de identidad

Dos de los deberes del artículo 5 tratan directamente de la verificación (art. 5):

  • Medidas de seguridad digital: «adoptar las medidas de seguridad digital suficientes y razonables necesarias para establecer la veracidad de la identidad de las personas y los documentos presentados para adquirir sus productos y/o servicios» (num. 1).
  • Validación de la información: «adoptar mecanismos suficientes y razonables que permitan validar la información que suministran las personas», bajo el principio de buena fe (num. 3).

La ley no menciona la biometría ni fija una tecnología. Sí ordena que la SIC y la Superintendencia Financiera, en coordinación con el MinTIC y dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la ley, reglamenten los protocolos para atender los reportes de posible suplantación. Esos protocolos «deberán incluir mecanismos, herramientas y metodologías idóneos que permitan la plena identificación del potencial adquirente» (art. 5, parágrafo 1). Conviene revisar si ya se expidieron y qué exigen.

Si se verifica el incumplimiento de los lineamientos, recomendaciones y protocolos de seguridad expedidos por las autoridades y la persona pide la corrección, procede la suspensión de la cobranza, la modificación del reporte y la devolución de los dineros o la eliminación de las acreencias defraudadas (art. 5, parágrafo 2). Cuando la empresa suspende el cobro porque la persona informó la suplantación (art. 8), la suspensión se mantiene hasta el archivo de la indagación o una decisión judicial en sede civil que defina la existencia de la obligación (art. 9, en los términos de la C-413 de 2025).

La ley también trata la evidencia de la verificación:

  • a solicitud de la persona presuntamente suplantada, la empresa debe entregarle copia de la información y los documentos aportados para aprobar el producto o servicio (art. 5, num. 7);
  • en los procesos judiciales que no sean penales en los que se discuta una suplantación, se aplica la carga dinámica de la prueba: el juez decide si opera la inversión de la carga, y los operadores y las entidades, al remitir la información y los documentos, deberán cumplir con la carga de veracidad respecto de la plena identidad del cliente y del reporte negativo de la persona suplantada (art. 2, lit. d, en los términos de la Sentencia C-413 de 2025);
  • la persona suplantada debe realizar la prueba de validación de identidad que establezca la empresa (art. 6, num. 5).

La ley, requisito por requisito

Cada bloque transcribe el texto de la ley y explica en qué requisitos puede apoyarse en PredictoFace y cuáles le tocan al responsable. Los deberes del art. 5 son del operador, la entidad o el establecimiento; el encargado tiene los suyos (Ley 2573, art. 2, lit. b; Ley 1581, art. 18). La ley no menciona la biometría: la comparación de rostros y la prueba de vida son medidas que el responsable puede elegir para cumplir sus deberes.

«Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en la Ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012, será deber de los operadores de telecomunicaciones y las entidades financieras y/o crediticias y demás establecimientos comerciales con esta competencia:»

Ley 2573 de 2026, art. 5, encabezado

Qué le toca al responsable

  • Establecer si su empresa está entre los obligados. La ley no define qué establecimientos comerciales tienen «esta competencia».

«Adoptar las medidas de seguridad digital suficientes y razonables necesarias para establecer la veracidad de la identidad de las personas y los documentos presentados para adquirir sus productos y/o servicios.»

Ley 2573 de 2026, art. 5, num. 1

Cómo le ayuda PredictoFace a cumplirlo

  • Comparación de rostros por API: contrasta el rostro de la persona con la foto de la cédula que presenta (cédula digital o amarilla) o con fotos tomadas en vivo durante la misma sesión, y devuelve el tipo de imagen detectada, un puntaje calibrado, la tasa de impostores aceptados estimada para ese puntaje y la versión del modelo.
  • Prueba de vida: busca descartar una foto, una pantalla o un video grabado, con retos al azar, una prueba de perspectiva y el seguimiento de un estímulo con los ojos; cada tramo se compara con el rostro de referencia y el resultado se calcula en el servidor.
  • Son medidas que el responsable puede incorporar a su proceso. Evaluar y documentar si el conjunto de sus medidas, también las que establecen la veracidad del documento, es suficiente y razonable le corresponde al responsable.

«Adoptar mecanismos suficientes y razonables que permitan validar la información que suministran las personas que adquieren sus productos y /o servicios. La validación de la veracidad de la información suministrada se hará bajo el principio de buena fe.»

Ley 2573 de 2026, art. 5, num. 3

Cómo le ayuda PredictoFace a cumplirlo

  • En lo que toca a la identidad, la comparación de rostros contrasta a la persona que se presenta con la foto de la cédula que suministra, y la prueba de vida busca confirmar que está viva y frente al dispositivo.
  • La validación del resto de la información que suministra la persona (datos de contacto, ingresos y otros) le corresponde al responsable.

«Los protocolos deberán incluir mecanismos, herramientas y metodologías idóneos que permitan la plena identificación del potencial adquirente.»

Ley 2573 de 2026, art. 5, parágrafo 1 (última frase)

Cómo le ayuda PredictoFace a cumplirlo

  • La comparación de rostros y la prueba de vida son herramientas de identificación que el responsable puede evaluar frente a los protocolos que expidan o hayan expedido la SIC y la Superintendencia Financiera, con el MinTIC.

«En caso de que se verifique el incumplimiento de los lineamientos, recomendaciones y protocolos de seguridad expedidos por las autoridades competentes y hubiere una solicitud de corrección del titular manifestando ser víctima de suplantación, en los términos del artículo 7o de la presente ley, dará lugar a la suspensión de la gestión de cobranza y a la modificación sobre el reporte realizado en las centrales financieras y/o crediticias y los operadores de información.»

Ley 2573 de 2026, art. 5, parágrafo 2 (primera frase)

Qué le toca al responsable

  • Seguir los lineamientos y protocolos de seguridad que expidan las autoridades, y atender las solicitudes de corrección en los términos del artículo 7.

«A solicitud de la persona presuntamente suplantada, entregar copia de la información y/o documentos aportados para la aprobación del producto y /o servicio que se haya solicitado a su nombre.»

«Bajo ninguna circunstancia podrá negarse la entrega de esta información a la persona.»

Ley 2573 de 2026, art. 5, num. 7 e inciso siguiente

Cómo le ayuda PredictoFace a cumplirlo

  • Cada verificación deja evidencia que el responsable puede conservar en su expediente: en la comparación de rostros, el tipo de imagen detectada, el puntaje calibrado, la tasa de impostores aceptados estimada y la versión del modelo; en la prueba de vida, el resultado calculado en el servidor, con el video de cada tramo, los puntajes, los motivos y la versión.
  • Cada verificación entrega un comprobante firmado electrónicamente que el responsable puede conservar.
  • Conservar el expediente y entregar la copia le corresponde al responsable.

«Principio de carga dinámica de la prueba. Tendrá obligación de probar la parte que mejor se encuentre en condiciones de hacerlo. En materia de suplantación, los operadores de telecomunicaciones y las entidades financieras y/o crediticias deberán entregar la información y documentos que recibieron para hacer la aprobación del bien o servicio.»

Ley 2573 de 2026, art. 2, lit. d

La Corte Constitucional lo declaró constitucional en el entendido de que: la carga dinámica de la prueba se aplica en los procesos judiciales que no sean penales en los que se discuta una suplantación; el juez de conocimiento determina si opera la inversión de la carga de la prueba, y los operadores y las entidades, al remitir la información y los documentos, deberán cumplir con la carga de veracidad respecto de la plena identidad del cliente y del reporte negativo de la persona suplantada (Sentencia C-413 de 2025).

Cómo le ayuda PredictoFace a cumplirlo

  • Cada verificación entrega un comprobante firmado electrónicamente que el responsable puede conservar.
  • La misma evidencia de cada verificación sirve para documentar cómo se estableció la identidad de quien adquirió el producto o servicio.

«Realizar la prueba de validación de identidad que establezca el operador de telecomunicaciones o la entidad financiera y/o crediticia y demás establecimientos comerciales con esta competencia, ante quien se haya informado que ha sido suplantado en su identidad.»

Ley 2573 de 2026, art. 6, num. 5 (deber de la persona suplantada)

Qué le toca a cada uno

  • Este deber es de la persona suplantada, y la prueba la establece el responsable. La comparación de rostros contra la cédula y la prueba de vida pueden formar parte de la prueba que establezca.

«La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, duplicación, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.»

Ley 2573 de 2026, art. 2, lit. b (principio de seguridad)

Cómo le ayuda PredictoFace a cumplirlo

  • El tráfico hacia la API de PredictoFace usa solo HTTPS (configuración de Novvai), y en la API de comparación las imágenes se usan para la verificación solicitada.
  • Novvai Systems está certificada por ICONTEC en ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701 con alcance «Gestión de Seguridad de la Información y Privacidad de los Datos Personales para: La realización de pruebas de evaluación de la credibilidad y confiabilidad, mediante el uso de tecnologías con o sin dispositivos de detección fisiológica que incluyan o no algoritmos e inteligencia artificial. Realización de Pruebas psicométricas, test de integridad y honestidad, estudios de verificación personal. Evaluaciones poligráficas y Comercialización de Equipos. Declaración aplicabilidad V4 del 03/12/2024.»

«El Tratamiento de datos se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular y/o por las personas previstas en la presente ley.»

Ley 2573 de 2026, art. 2, lit. a (principio de acceso y circulación restringida)

Qué debe saber el responsable

  • El encargado es Novvai Systems, una empresa colombiana bajo la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio (Ley 1581, arts. 2 y 19). El responsable fija en el contrato de transmisión las obligaciones del encargado (Decreto 1377, art. 25), y la autorización del titular debe cubrir la finalidad (Ley 1581, art. 12, lit. a).
  • PredictoFace también es una API que procesa la imagen para compararla, y se despliega en la nube de AWS, en Estados Unidos.

Cuándo rige y quién vigila

  • Vigencia: el art. 13 dice que entra en vigencia «dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación» (20 de mayo de 2026), es decir, hacia el 20 de noviembre (el Régimen Legal de Bogotá registra el 19). Los parágrafos 1 y 2 del artículo 5 rigen desde la promulgación.
  • Autoridades: cada autoridad, en el ámbito de sus competencias, vela por el cumplimiento de la ley y puede actuar en caso de incumplimiento, únicamente en temas de hábeas data (art. 11).
  • Sanciones: la Ley 2573 no crea un régimen propio de sanciones. En lo que toca a esta ley, las autoridades actúan solo en hábeas data (art. 11), sin perjuicio de las facultades que les den otras normas. Por ejemplo, si un reclamo no se resuelve a tiempo, el peticionario puede pedir a la SIC o a la Superintendencia Financiera las sanciones a que haya lugar (art. 7, que modifica el art. 7 de la Ley 2157 de 2021).

Si usa biometría facial: cómo se relaciona con la Ley 1581

Si la empresa decide verificar la identidad con biometría facial, además de la Ley 2573 aplican las reglas de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013, compilado en el Decreto 1074 de 2015:

  • El rostro es un dato sensible. La Ley 1581 incluye los datos biométricos entre los datos sensibles (art. 5).
  • La autorización. El tratamiento de datos sensibles requiere autorización explícita del titular, salvo los casos en que la ley no la exija (art. 6, lit. a). La autorización debe ser previa e informada (art. 9) y cubrir la finalidad (art. 12, lit. a). Para datos sensibles, hay que informar al titular que no está obligado a autorizar su tratamiento (Decreto 1377, art. 6, num. 1).
  • Datos sensibles y consentimiento expreso. Hay que informar al titular, de forma explícita y previa, cuáles de los datos son sensibles y la finalidad del tratamiento, y obtener su consentimiento expreso (Decreto 1377, art. 6, num. 2). «Ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre datos personales sensibles» (Decreto 1377, art. 6, inciso final).
  • El encargado y el contrato de transmisión. Si un proveedor trata el rostro por cuenta de la empresa, es encargado (Ley 1581, art. 3, lit. d), y hace falta un contrato de transmisión que señale los alcances del tratamiento y las obligaciones del encargado (Decreto 1377, art. 25).
  • Responsabilidad demostrada. El responsable debe poder demostrar, a petición de la SIC, que implementó medidas apropiadas y efectivas (Decreto 1377, art. 26), incluidos los controles sobre su encargado (Ley 1581, art. 17, lit. i).

Antes de integrar una API de reconocimiento facial

Infraestructura en la nube no es lo mismo que una API de reconocimiento facial

Con infraestructura en la nube, el cliente o su encargado ejecuta su propio software sobre los servidores del proveedor; el proveedor de la infraestructura no ejecuta la comparación: la ejecuta el software del cliente. En AWS Lambda, por ejemplo, el propio proveedor declara que, por privacidad del cliente, el acceso humano está deshabilitado en los servidores que ejecutan sus funciones (traducción nuestra) (AWS, «Security Overview of AWS Lambda»: «For customer privacy, human access is disabled on hosts running customers’ Lambda functions.»). El proveedor de infraestructura que aloja o procesa los datos también puede ser encargado.

Una API de reconocimiento facial es otro servicio. Para comparar dos rostros, el servicio del proveedor procesa las imágenes. Aquí el proveedor ejecuta la comparación de un dato sensible por cuenta del responsable, como encargado (Ley 1581, art. 3, lit. d). El mismo contrato marco puede cubrir los dos servicios, pero la API de reconocimiento facial suele tener términos propios, y conviene leerlos. PredictoFace también es una API que procesa la imagen para compararla, y se despliega en la nube de AWS, en Estados Unidos.

Qué revisar en los términos del servicio

  • Que el contrato, también el que se acepta en línea, señale los alcances del tratamiento y las obligaciones del encargado (Decreto 1377, art. 25).
  • Qué usos del contenido permiten los términos del proveedor, y que la autorización del titular cubra cada finalidad (Ley 1581, art. 12, lit. a).
  • Dónde se procesa. El país, por sí solo, no es el problema. Si el proveedor trata los datos por cuenta del responsable, es una transmisión: no requiere informar al titular ni su consentimiento cuando existe el contrato de transmisión (Decreto 1377, art. 24, num. 2). Si los recibe para tratarlos por su cuenta, es una transferencia (Ley 1581, art. 26): la SIC publica la lista de países con nivel adecuado de protección, y Estados Unidos está en ella (Circular Externa 005 de 2017 y sus actualizaciones). El cumplimiento depende de cómo se integra la API y de lo que permiten sus términos, en cualquier país.

Lista de verificación para el responsable

  1. Establezca si su empresa está entre los obligados del artículo 5 de la Ley 2573.
  2. Documente qué medidas de seguridad digital usa para establecer la veracidad de la identidad y de los documentos, y por qué son suficientes y razonables para su operación (art. 5, num. 1).
  3. Consulte si la SIC y la Superintendencia Financiera ya expidieron los protocolos del artículo 5, parágrafo 1, y qué exigen.
  4. Prepare el procedimiento para atender a las personas suplantadas: plazo de diez días hábiles, suspensión de servicios y cobros, entrega de copia de los documentos, comunicación del plazo para denunciar y denuncia penal de la empresa en ese mismo término (arts. 5 y 8, este último en los términos de la Sentencia C-413 de 2025).
  5. Incluya la verificación detallada de la veracidad de la presunta suplantación (art. 10), la suspensión del cobro, que se mantiene hasta el archivo de la indagación o una decisión judicial en sede civil que defina la existencia de la obligación (art. 9, en los términos de la C-413 de 2025), la marca «víctima de falsedad personal» en el reporte cuando exista denuncia (art. 5, num. 2) y el reporte a la DIAN (art. 5, num. 8).
  6. Si usa biometría facial, obtenga la autorización explícita, previa e informada, con su finalidad, e informe al titular que no está obligado a autorizar (Ley 1581, arts. 6, 9 y 12; Decreto 1377, art. 6).
  7. Prevea qué hacer si el titular no autoriza: ninguna actividad puede condicionarse a que entregue datos sensibles (Decreto 1377, art. 6).
  8. Si un proveedor procesa el rostro, firme el contrato de transmisión con los alcances y las obligaciones del encargado (Decreto 1377, art. 25) y revise qué usos permiten sus términos.
  9. Conserve la evidencia de cada verificación y de los controles sobre su encargado, para poder demostrarlos (Decreto 1377, art. 26; Ley 1581, art. 17, lit. i).

La lista no es exhaustiva; ver arts. 5 a 10 de la Ley 2573 de 2026.

Preguntas frecuentes

¿La Ley 2573 de 2026 obliga a usar biometría facial?

No. La ley no menciona la biometría ni fija una tecnología. Pide «medidas de seguridad digital suficientes y razonables» para establecer la veracidad de la identidad y de los documentos (art. 5, num. 1). Los protocolos que deben reglamentar la SIC y la Superintendencia Financiera, con el MinTIC, deberán incluir «mecanismos, herramientas y metodologías idóneos que permitan la plena identificación del potencial adquirente» (art. 5, parágrafo 1).

¿Desde cuándo rige?

El art. 13 dice que entra en vigencia «dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación» (20 de mayo de 2026), es decir, hacia el 20 de noviembre (el Régimen Legal de Bogotá registra el 19). Los parágrafos 1 y 2 del artículo 5 rigen desde la promulgación.

¿A qué empresas aplica?

Los deberes del artículo 5 son de los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras y/o crediticias y los «demás establecimientos comerciales con esta competencia» (art. 5). La ley no define esta última expresión; conviene analizar cada caso con su asesor.

¿Qué debe hacer la empresa si una persona dice que fue suplantada?

Entre otros deberes: dar trámite a la solicitud o queja dentro de los diez días hábiles siguientes, suspender de inmediato los bienes o servicios adquiridos por la conducta fraudulenta y entregar, a solicitud de la persona, copia de la información y los documentos aportados para aprobar el producto (art. 5, nums. 4, 5 y 7). Al ser informada, debe suspender el cobro y comunicar a la persona que tiene veinte días hábiles para denunciar y allegar soportes; según la Sentencia C-413 de 2025, en ese mismo término la empresa debe formular la denuncia penal que corresponda (art. 8). La suspensión del cobro se mantiene hasta el archivo de la indagación o una decisión judicial en sede civil que defina la existencia de la obligación (art. 9, en los términos de la C-413 de 2025). Cuando exista denuncia de falsedad personal, el reporte a los operadores de información se marca como «víctima de falsedad personal» (art. 5, num. 2), y la empresa debe emitir el reporte a la DIAN (art. 5, num. 8). También debe verificar detalladamente la veracidad de la presunta suplantación, y no puede determinar que no existió: esa decisión está reservada a las autoridades judiciales (art. 10). La lista no es exhaustiva; ver arts. 5 a 10.

¿Se puede usar una API de reconocimiento facial de un proveedor en el exterior?

La Ley 2573 no lo prohíbe. Si la API trata el rostro, aplican las reglas de la Ley 1581 de 2012 sobre datos sensibles, autorización, encargados y transmisiones, y la autorización del titular debe cubrir esa finalidad (Ley 1581, art. 12, lit. a). El país, por sí solo, no es el problema. Si el proveedor trata el rostro por cuenta de la empresa, es una transmisión, que no requiere informar al titular ni su consentimiento cuando existe el contrato de transmisión (Decreto 1377, arts. 24, num. 2, y 25). Si lo recibe para tratarlo por su cuenta, es una transferencia (Ley 1581, art. 26): la SIC publica la lista de países con nivel adecuado de protección, y Estados Unidos está en ella (Circular Externa 005 de 2017 y sus actualizaciones).

¿La Ley 2573 aplica a las entidades públicas?

La ley no distingue entre entidades públicas y privadas: los deberes del artículo 5 dependen de la actividad (operador de telecomunicaciones, entidad financiera y/o crediticia o establecimiento comercial con esa competencia) (art. 5), y el artículo 10 alcanza también a «las demás autoridades en el ámbito de sus competencias». La ley también ordena a las autoridades, en el ámbito de sus competencias, velar por su cumplimiento en temas de hábeas data y disponer canales de atención para las personas suplantadas (art. 11).

PredictoFace

PredictoFace es el servicio de Novvai de comparación de rostros por API y prueba de vida, con evidencia trazable para auditoría. Ver la validación de identidad con biometría facial para empresas.

Esta guía es información general sobre la Ley 2573 de 2026 y normas relacionadas; no es asesoría jurídica. No reemplaza el texto oficial ni la reglamentación que expidan la SIC y la Superintendencia Financiera. La lectura normativa es la postura de Novvai, no un pronunciamiento de la autoridad. AWS y AWS Lambda son marcas de Amazon.com, Inc. o sus filiales; su mención es descriptiva y no implica patrocinio ni respaldo.